Martilleros: basta de colegiación obligatoria
Durante décadas se ha dado por sentado que para ejercer la actividad inmobiliaria es necesario pertenecer obligatoriamente a un colegio profesional. Sin embargo, pocas veces se discute si esa exigencia realmente beneficia a la sociedad o si, por el contrario, se ha transformado en una barrera artificial para trabajar.
La colegiación obligatoria es una herencia de modelos corporativos de otra época. Se sostiene sobre la idea de que determinadas organizaciones deben tener el poder de autorizar quién puede trabajar, cobrar cuotas obligatorias, imponer sanciones y controlar el acceso a una actividad económica. Pero en una sociedad moderna y abierta, corresponde preguntarse si ese esquema sigue siendo necesario.
Los defensores de la colegiación afirman que protege al consumidor. Sin embargo, la verdadera protección del ciudadano no surge de una corporación profesional sino de leyes claras, registros públicos transparentes, seguros de responsabilidad profesional, organismos de defensa del consumidor y una Justicia eficiente.
La experiencia internacional demuestra que es posible garantizar la idoneidad y la transparencia sin necesidad de colegios obligatorios. En numerosos países existen sistemas de licencias, registros estatales y certificaciones que permiten ejercer la actividad sin quedar sometido a estructuras corporativas que muchas veces terminan funcionando como mecanismos de protección de intereses sectoriales.
El caso de los martilleros y corredores inmobiliarios resulta particularmente llamativo. Se trata de una actividad que soporta cargas tributarias como cualquier comercio: impuestos nacionales, provinciales y municipales, habilitaciones, tasas, alquileres, salarios y contribuciones patronales. Sin embargo, además de todas esas obligaciones, se exige el pago de matrículas, cuotas colegiales y diversos cargos vinculados a entidades que poseen poder legal sobre la actividad.
La contradicción es evidente. Para cobrar impuestos se considera a los martilleros como contribuyentes y empresarios. Pero para ejercer su trabajo se los somete a un régimen corporativo propio de profesiones cerradas. Terminan soportando simultáneamente las cargas de un comerciante y las restricciones de una profesión regulada.
Más preocupante aún es cuando la colegiación deja de ser una herramienta de control ético para transformarse en una barrera de entrada. Cada obstáculo adicional reduce la competencia, encarece los servicios y limita las oportunidades para quienes desean emprender. En última instancia, quien paga el costo es el consumidor.
La libertad de trabajo es un derecho fundamental. Ninguna persona debería necesitar la autorización de una corporación para desarrollar una actividad lícita, salvo en aquellos casos donde exista un riesgo directo para la salud o la seguridad pública. Resulta difícil sostener que la intermediación inmobiliaria deba estar sometida a un sistema tan restrictivo.
Ha llegado el momento de discutir una reforma profunda. El objetivo no debe ser eliminar los controles ni desproteger a los ciudadanos. Por el contrario, se trata de reemplazar estructuras corporativas obligatorias por mecanismos modernos, transparentes y orientados al consumidor.
La colegiación voluntaria permitiría que los profesionales que encuentren valor en sus colegios continúen participando de ellos. Pero quienes no lo deseen no deberían estar obligados a financiar entidades ni a pedir autorización para trabajar.
La competencia, la libertad de elección y la responsabilidad individual han demostrado ser herramientas mucho más eficaces para mejorar los servicios que cualquier sistema de privilegios corporativos.
La pregunta ya no es por qué debería eliminarse la colegiación obligatoria. La verdadera pregunta es por qué todavía sigue existiendo.
RICARDO LÓPEZ RENDE
